¿Cuántas veces una mujer recurre a una autoridad y en lugar de recibir protección encuentra omisión, indiferencia o revictimización? La violencia institucional se define por esos silencios cómplices y acciones burocráticas que impiden el acceso a la justicia y la protección. En México, este fenómeno ha sido una barrera para muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

En 2022, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que el 70.1 por ciento de las mujeres de quince años o más ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Sin embargo, solo el 20 por ciento de los casos de violencia se denuncia. Cuando llegan a las instituciones —ministerios públicos, policía, hospitales— muchas enfrentan respuestas tardías, falta de protocolos o discriminación. Eso es violencia institucional.

Violencia institucional desde la definición hasta la práctica

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México define a esta violencia como “actos u omisiones de personas servidoras públicas que discriminan o tienen como fin impedir el goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres”. Este concepto incluye desde no iniciar una carpeta de investigación hasta revictimización durante la atención médica o psicológica, especialmente en casos de violencia de género.

Por ejemplo, el caso de “Esmeralda”, una niña de 14 años víctima de violación en Querétaro, muestra cómo el personal de salud y la fiscalía la denunciaron por homicidio doloso tras un aborto espontáneo. Aunque luego se retiraron los cargos, el daño ya estaba hecho: hubo violencia institucional desde el primer contacto. Otro dato es que en la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE), el 92.9 por ciento de los delitos no se denuncia o no se inicia investigación, un ejemplo claro de violencia estructural e institucional.

¿Por qué persiste en México?

El problema no es aislado. Un estudio de INACIPE subraya cómo prácticas normalizadas y procedimientos legitimados permiten que la violencia por parte de instituciones se mantenga. No solo es omisión, también es el fortalecimiento de desigualdades y de violencia de género estructural.

Entre las consecuencias para las mujeres se incluye:

• Revictimización y desconfianza hacia las instituciones.
• Impunidad, porque un gran porcentaje de agresores no enfrenta consecuencias.
• Obstáculos para acceder a justicia, salud o refugio, perpetuando la exposición al riesgo.

Esta clase de violencia vulnera derechos y afecta especialmente a mujeres en condiciones de desigualdad. Para combatirla se requieren protocolos con perspectiva de género, capacitación obligatoria y sanciones claras. Solo así se podrá transformar una institución que hoy inhibe a una que proteja.

La violencia por parte de instituciones en razón de género no es solo un concepto jurídico. Es el muro que muchas mujeres encuentran cuando intentan ser escuchadas. Romperlo es urgente para garantizar justicia real.

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