Cada 18 de septiembre el mundo recuerda una deuda histórica: el derecho de las mujeres a recibir el mismo pago que los hombres por un trabajo de igual valor. En México, hablar de igualdad salarial no se limita a cifras en papel. Es entender por qué, pese a leyes y reformas recientes, la realidad laboral sigue marcada por desigualdades.

El Día Internacional de la Igualdad Salarial fue declarado por la ONU en 2019 para visibilizar un hecho que afecta a millones de mujeres: la diferencia persistente en ingresos frente a sus pares hombres. Según la ENIGH 2024 del INEGI, el ingreso salarial promedio mensual de las mujeres fue de alrededor de 7 mil 905 pesos, frente a los 12 mil 16 pesos de los hombres. En términos simples, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe 66.

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Esta brecha salarial puede variar según la metodología, pero otra medición oficial indica que, en condiciones de trabajo equivalente, las mujeres ganan en promedio 14.6 por ciento menos que los hombres. La equidad salarial, aunque reconocida en la ley, sigue siendo un reto enorme en la práctica.

Igualdad Salarial en la legislación mexicana

En los últimos años se han dado pasos importantes. El Artículo 123 de la Constitución ya establece que “a trabajo igual corresponde salario igual”, sin distinción de sexo, género ni nacionalidad. A ello se suman reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que obligan al Estado y a las empresas a reducir desigualdades.

En diciembre de 2024 se publicaron cambios legales que obligan a eliminar la brecha salarial en los sectores público, social y privado. Y en abril de este año, el Senado aprobó dictámenes para que la Secretaría del Trabajo y las autoridades estatales realicen inspecciones en centros de trabajo, verificando que exista igualdad de salario en condiciones equivalentes.

Retos en la implementación

A pesar de los avances, los desafíos son grandes. Muchas mujeres trabajan en sectores informales, empresas pequeñas o zonas rurales donde la fiscalización es débil. Además, la falta de un estándar único de medición complica el seguimiento: algunas fuentes consideran solo sueldos, otras ingresos totales o condiciones de jornada.

A esto se suman factores estructurales como la maternidad, las responsabilidades de cuidado, la discriminación implícita y la falta de transparencia salarial. Estos obstáculos limitan la movilidad laboral y perpetúan la desigualdad.

Políticas de cuidado: una clave pendiente

El reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que recae mayoritariamente en mujeres, es fundamental. Avances como programas de guarderías y políticas de flexibilidad laboral pueden marcar la diferencia en los próximos años. Sin corresponsabilidad social y estatal, la igualdad salarial será difícil de alcanzar en la práctica.

México ha dado pasos firmes en el plano legal, pero la brecha entre lo escrito y la realidad aún es amplia. La supervisión, la transparencia y las políticas de cuidado serán decisivas para que las reformas no se queden en papel. La igualdad salarial no es solo un principio jurídico, es una condición básica para garantizar justicia y dignidad laboral a todas las mujeres.

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