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En la Asamblea General de la ONU, México expresó que la igualdad de género es un eje central de su política nacional y exterior.

Durante su participación en la Asamblea General de la ONU de Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez subrayó que la igualdad sustantiva está reconocida como mandato constitucional. También mencionó logros recientes, como la llegada de una mujer a la presidencia de México, la creación de la Secretaría de las Mujeres y la consolidación de la política exterior feminista.
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Asamblea General de la ONU: un discurso entre avances y pendientes
La Asamblea General de la ONU fue el escenario donde México presentó un discurso sobre sus avances en igualdad de género, destacando la creación de la Secretaría de las Mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en la diplomacia. Sin embargo, todavía existen distintos retos en materia, tales como que según el INEGI, de los 38.5 millones de personas en situación de pobreza, 20.5 millones son mujeres.

Hablar de equidad en este contexto implica mucho más que ocupar espacios en la política. Significa garantizar justicia para las víctimas de violencia, cerrar brechas salariales y atender la exclusión estructural que enfrentan mujeres en comunidades indígenas, rurales y urbanas. El INEGI advierte, por ejemplo, que el 47.2 por ciento de las mujeres en México carece de seguridad social. Casi un tercio no tiene acceso adecuado a servicios de salud y una de cada cinco enfrenta rezago educativo. En el caso de las mujeres indígenas, estas cifras son todavía más alarmantes. Seis de cada diez vive en pobreza y casi el 77 por ciento sin afiliación a una institución de seguridad social.
Igualdad más allá del papel
Que México se posicione en foros internacionales como defensor de la igualdad puede generar cooperación global, pero hacia dentro las deudas son evidentes. Organizaciones feministas y sociedad civil subrayan que las promesas ante la comunidad internacional sólo cobrarán sentido si se acompañan de presupuestos suficientes. Además de la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas y políticas de Estado con continuidad.
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