¿Qué significa que 150 mil mujeres rurales sean reconocidas legalmente como propietarias de la tierra? Esa es la apuesta de un convenio sin precedentes firmado por diversas instituciones del Estado mexicano. Un acuerdo que, más allá del simbolismo, busca corregir una deuda histórica: garantizar el derecho de las mujeres a las tierras y transformar el campo con justicia de género.

El pasado 25 de junio, siete instituciones —entre ellas la Secretaría de las Mujeres, Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional— firmaron un convenio para asegurar el derecho de las mujeres a las tierras. La meta es clara: reconocer jurídicamente a al menos 150 mil mujeres como ejidatarias, comuneras, posesionarias o propietarias durante el actual sexenio.

Esta medida responde a cifras alarmantes: más del 70 por ciento de los títulos agrarios están a nombre de hombres, y solo el 25–27 por ciento están registrados por mujeres. La brecha también se nota en la representación: apenas 21 por ciento de los comisariados ejidales son liderados por ellas. Estas desigualdades perpetúan la pobreza, limitan la autonomía y refuerzan roles tradicionales que excluyen a las mujeres del control de los recursos.

Estrategias para fortalecer el derecho de las mujeres a las tierras

El convenio no es un documento simbólico: incluye acciones concretas para garantizar el acceso de las mujeres del campo a las tierras. Algunas de ellas son:

• Cartilla de Derechos de las Mujeres del Campo, que informa y orienta jurídicamente.
• Jornadas de Justicia Agraria, para resolver trámites pendientes y dar certeza legal.
• Diagnóstico nacional “Mujeres, Agricultura y Tierra”, que permitirá diseñar políticas con enfoque de género.
• Integración al programa Mujeres por el Acceso a la Tierra, para articular esfuerzos federales, estatales y locales.

Estas medidas buscan revertir siglos de exclusión y poner el derecho a la tierra en manos de quienes la trabajan, la cuidan y la sostienen: las mujeres.

Una apuesta por la autonomía y la justicia social

El acceso legal a la tierra es clave para la autonomía económica, especialmente para las mujeres indígenas y campesinas, quienes enfrentan múltiples violencias estructurales. El convenio firmado es un paso firme para garantizar condiciones dignas, fortalecer liderazgos femeninos y romper círculos de pobreza rural.

Además, este avance está alineado con el compromiso del Estado mexicano de reducir brechas de género y garantizar justicia agraria. Al reconocer los derechos de propiedad, ofrecer acompañamiento legal y promover cambios culturales, el Estado cumple con una exigencia feminista de larga data.

Una tierra más justa también se construye con políticas públicas. Este convenio representa un punto de inflexión en la lucha por el derecho de las mujeres a las tierras. A través de acciones articuladas, el Estado busca transformar la estructura agraria desde una perspectiva de género. Pero su éxito dependerá de su implementación, del acceso real a los beneficios y de la participación activa de las mujeres rurales. El reto está en marcha.

Sigue leyendo:

| Jenni Rivera Love Foundation: El legado de una estrella que sigue brillando

| Día del Periodismo Deportivo: Brecha de género y las mujeres que transforman