¿Por qué es importante que el Estado replantee la forma en que trata a las mujeres en conflicto con la ley? La reciente presentación del Pronunciamiento sobre el deber del Estado de adoptar medidas no privativas de libertad con enfoque de género nos da una respuesta clara. Las mujeres enfrentan desigualdades estructurales al ser juzgadas, procesadas o encarceladas. Y este nuevo enfoque busca cambiar eso desde las políticas públicas y la justicia misma.

Durante el evento organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó cómo el género incide directamente en la experiencia judicial de las mujeres. He ahí la necesidad de medidas no privativas de libertad.

Desde el momento de su detención hasta una posible sentencia, las mujeres son penalizadas de forma distinta, enfrentando prejuicios, discriminación y barreras para el acceso a la justicia.

Barreras estructurales que hacen necesario este cambio

El Pronunciamiento sobre el deber del Estado plantea la obligación de aplicar medidas no privativas de libertad como alternativa al encarcelamiento de mujeres, especialmente en casos en los que existen condiciones de vulnerabilidad o responsabilidades de cuidado. Este enfoque reconoce que el encarcelamiento tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, sus hijas e hijos, y en sus comunidades.

La propuesta no busca impunidad, sino justicia con perspectiva de género: una justicia que entienda contextos, analice desigualdades y actúe con base en derechos humanos. En ese sentido, Citlalli Hernández señaló que la Secretaría de las Mujeres ya está acompañando procesos de preliberación para casos que encajan en este nuevo marco.

¿Qué dice el Pronunciamiento sobre el deber del Estado?

Presentado en la Biblioteca José Vasconcelos, en la Ciudad de México, y encabezado por Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, el documento afirma que el sistema penal debe transformarse para garantizar una justicia verdaderamente equitativa. El Pronunciamiento sobre el deber del Estado reconoce que las mujeres, por su género, enfrentan estigmas y obstáculos que los hombres no viven en igual medida dentro del sistema judicial.

Aplicar medidas no privativas de libertad significa repensar el castigo desde una visión más amplia, que incluya derechos, cuidados y reparación del daño. Esta visión se alinea con estándares internacionales y con una política pública sensible a las necesidades reales de las mujeres.

El futuro de la justicia con perspectiva de género

El reconocimiento institucional de estas desigualdades es un paso importante. Pero aún queda mucho por hacer: se necesita voluntad política, coordinación interinstitucional y un enfoque feminista real en cada etapa del proceso judicial.

Las medidas son sólo una parte del camino hacia una justicia transformadora. Una que no castigue doblemente a las mujeres por su género, sino que abra vías reales para la equidad. ¿Estamos como sociedad dispuestas y dispuestos a impulsar ese cambio?

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