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Es innegable que han habido avances legislativos y en políticas contra la violencia de género. ¿Pero es suficiente? ¿La paridad y las cuotas de género en puestos de administración gubernamental son garantía? La reciente evaluación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU dejó al descubierto las debilidades estructurales de un país que, aunque es conocido por su postura vanguardista en cuestiones de género, sigue sin garantizar una vida libre de violencia para millones de mujeres y niñas.
Durante la revisión internacional de junio de 2025, la ONU reprochó a México por sus deficiencias en políticas contra la violencia de género, subrayando que los discursos no se están traduciendo en resultados tangibles, especialmente para las poblaciones en contextos más vulnerables.
Persisten la violencia y la impunidad
El comité de CEDAW advirtió que los feminicidios, el acoso escolar y la violencia sistemática contra mujeres indígenas, afromexicanas y LGBTI continúan con índices alarmantes. Estas realidades muestran que las políticas mexicanas contra la discriminación hacia las mujeres y niñas no están siendo implementadas con eficacia ni recursos suficientes.
A pesar de los datos oficiales que reportan una reducción del 10 por ciento en el embarazo adolescente y mejoras en escolaridad, la ONU alertó sobre focos de exclusión persistente: matrimonios forzados, abandono escolar y embarazo precoz, especialmente en comunidades rurales e indígenas. La discriminación estructural sigue limitando el acceso real a derechos.
La ONU exige fortalecer las políticas contra la violencia de género
Uno de los ejes más contundentes del informe fue la precariedad laboral que afecta a millones de mujeres mexicanas: falta de prestaciones, brechas salariales y sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, sobre todo en el sector informal. La ONU también criticó el debilitamiento de la atención en salud femenina, con caída en la vacunación, escasez de medicamentos y servicios oncológicos insuficientes.
En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, la ONU urgió a México a homogeneizar su legislación: actualmente, nueve estados aún penalizan el aborto y se exige a víctimas de violación presentar pruebas judiciales. Esto atenta contra los derechos fundamentales y demuestra el desfase entre las leyes federales y estatales.
Avances sí, pero insuficientes
La delegación mexicana, liderada por Citlalli Hernández, presentó avances en programas de igualdad salarial, seguridad social para trabajadoras del hogar y reducción del abandono escolar. También se reconocieron acciones positivas como la amnistía a mujeres procesadas por aborto.
No obstante, el comité internacional insistió en que las medidas contra la violencia de género deben fortalecerse con enfoque territorial, recursos sostenibles y mecanismos de justicia que enfrenten la impunidad. Las leyes no bastan: su implementación efectiva, especialmente en estados y municipios, es urgente.
La evaluación de la ONU es un llamado claro: las políticas contra la violencia de género en México requieren más que buenas intenciones. Sin justicia, prevención real y voluntad política sostenida, la desigualdad persistirá. Es momento de cerrar la brecha entre norma y realidad, y poner en el centro los derechos y la dignidad de todas las mujeres.
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