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¿Sabías que una institución puede ejercer violencia sin necesidad de usar la fuerza física? La violencia institucional es una forma de abuso menos visible, pero profundamente dañina, que afecta especialmente a las mujeres. Comprenderla es el primer paso para erradicarla.
La violencia institucional se refiere a los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia.
Este tipo de violencia puede manifestarse en diversas formas, como la negación de servicios de salud, justicia o educación, la revictimización de las mujeres que denuncian violencia, o la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Casos emblemáticos en México
Un ejemplo reciente es el caso de Keren Selsy Ordóñez Hernández, detenida a los 19 años y condenada por un delito que no cometió. Durante su detención, fue víctima de tortura y su hija recién nacida fue separada de ella sin notificación. Tras casi una década en prisión, su condena fue revocada por falta de pruebas y reconocimiento de la tortura. Otro caso es el del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 en Morelos, donde al menos 19 mujeres han muerto desde 2022 en condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento extremo y falta de atención médica.
La violencia institucional está estrechamente vinculada con el abuso institucional, la violencia de estado y la violencia estructural. Todas estas formas de violencia comparten la característica de ser ejercidas por entidades con poder, ya sea el estado, instituciones o estructuras sociales, y tienen como consecuencia la perpetuación de desigualdades y la vulneración de derechos.
¿Qué se puede hacer contra la violencia institucional?
Para combatir esta clase de violencia, es fundamental:
- Promover la capacitación con perspectiva de género en todas las instituciones.
- Establecer mecanismos de denuncia eficaces y accesibles.
- Garantizar la rendición de cuentas de las autoridades.
- Fomentar la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia y evaluación de las políticas públicas.
Reconocer y visibilizar la violencia institucional es esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria. Solo a través de la conciencia y la acción colectiva podremos erradicar estas prácticas y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos.
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