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¿Qué pasaría si el Poder Judicial que debería garantizar la justicia se convirtiera, en la práctica, en un obstáculo para ella? Esta pregunta abre la discusión sobre un tema urgente en México: la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la justicia como herramienta clave para transformar su acceso e impartición.
El Poder Judicial mexicano enfrenta una crisis de confianza cuando se trata de proteger a las mujeres frente a la violencia. Los datos son contundentes. Según el informe ‘Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1’ del Secretariado Ejecutivo, en 2024 se registraron 797 feminicidios en el país, con un incremento en la región norte.
Aunque el SESNSP reportó que en marzo de ese mismo año hubo una disminución del 17.64 por ciento en los casos reportados, la magnitud del problema sigue siendo alarmante. Esta realidad evidencia que la perspectiva de género en la justicia no es un accesorio, sino una necesidad estructural para que los tribunales dejen de reproducir desigualdades y respondan con eficacia.
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Barreras institucionales que frenan el acceso a la justicia
Diversos estudios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han documentado que las mujeres enfrentan múltiples obstáculos al intentar obtener justicia. Entre ellos destacan:
- Estereotipos discriminatorios y desconocimiento de los derechos de las mujeres por parte de jueces y juezas.
- Criterios interpretativos sesgados que refuerzan la parcialidad.
- Barreras económicas, lingüísticas y geográficas que afectan principalmente a mujeres indígenas, con discapacidad o en situación de pobreza.
Estas trabas reflejan un poder judicial que no siempre actúa con imparcialidad y que requiere transformaciones profundas.
La participación femenina en el ámbito judicial
Otro punto crítico es la representación. Aunque las mujeres constituyen el 51.7 por ciento de la población mexicana, el IBANET advierte que sólo el 41.5 por ciento participa en la fuerza laboral. Dentro del ámbito judicial, su presencia es todavía menor, lo cual limita la diversidad de voces en la toma de decisiones. Sin más mujeres en posiciones clave, es difícil que el sistema refleje la pluralidad social que pretende proteger.
Dos sentencias evidencian por qué la perspectiva de género debe ser obligatoria:
- Mariana Lima Buendía (2015): La Corte ordenó que todo homicidio violento contra mujeres debe investigarse con perspectiva de género.
- Campo Algodonero (2009): La Corte Interamericana responsabilizó a México por negligencia en las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez.
Ambos casos exponen las consecuencias de una justicia sin enfoque de género: la impunidad y la revictimización.
Iniciativas hacia la perspectiva de género en la justicia
Existen esfuerzos importantes. El Poder Judicial de la Ciudad de México ha elaborado manuales y protocolos contra la violencia de género, mientras que la Asociación Mexicana de Juzgadoras impulsa acciones para fortalecer la igualdad y la imparcialidad en tribunales.
La perspectiva de género en la justicia no es un tema opcional ni de moda: es una condición indispensable para garantizar derechos, erradicar la discriminación y reconstruir la confianza en las instituciones. La renovación del poder judicial debe pasar necesariamente por este enfoque si queremos un país donde las mujeres tengan acceso pleno y real a la justicia.
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