¿Puede una persona desempleada ser obligada a entregar parte de su fondo de retiro para cubrir pensiones alimenticias? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió que sí. Se trata de una decisión unánime, autorizó que, en casos excepcionales, se permita el embargo de Afores hasta por el 10 por ciento de la subcuenta de retiro, cuando se trate de garantizar el derecho de menores a recibir alimentos.

La resolución que avala el embargo de Afores marca un precedente relevante en materia de justicia familiar en México. Reconoce que el interés superior de la infancia puede estar por encima de los principios que protegen los fondos para el retiro, en circunstancias de extrema vulnerabilidad.

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¿Qué implica el embargo de Afores según la SCJN?

La Corte estableció que esta medida sólo será posible bajo condiciones estrictas:

• El deudor debe estar desempleado.
• Debe carecer de otros bienes o ingresos.
• Debe existir una resolución judicial específica que autorice el embargo.

El objetivo es cubrir pensiones alimenticias adeudadas, cuando no haya otra vía legal ni económica para asegurar ese derecho.

¿Cuánto se puede embargar?

El monto es limitado. Se tomará la menor de estas dos opciones:

• Lo que el trabajador desempleado podría retirar legalmente por desempleo (hasta el 10 por ciento del saldo acumulado).
• O bien, hasta el equivalente a 65 días de su salario básico promedio de los últimos cinco años, a partir del día 46 desde su baja laboral.

Este cálculo garantiza proporcionalidad y evita que los fondos sean tocados más allá de lo estrictamente necesario.

Una medida con perspectiva de derechos

Este avance representa un cambio de enfoque jurídico. Aunque el artículo 79 de la Ley del SAR señala que los recursos de retiro son inembargables, la SCJN aclaró que ese principio no es absoluto. Puede ser superado cuando está en juego un derecho constitucional mayor, como el acceso de niñas y niños a la alimentación y al cuidado.

La medida no es generalizada. Debe ser ordenada por una jueza o juez que verifique que el deudor no tiene otra manera de cumplir con sus obligaciones. Además, primero se deberán embargar aportaciones voluntarias; solo en su ausencia se tocarán los fondos obligatorios de la subcuenta de retiro.

¿A quién aplica y qué sigue?

Por ahora, esta resolución aplica específicamente a trabajadores del Estado, que fue el caso base que motivó la sentencia. Sin embargo, abre la puerta a que en el futuro se extienda a afiliados al IMSS o al sistema general de Afores. Frente a un país donde 75 por ciento de los hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, esta medida busca cerrar una brecha de desigualdad estructural que afecta principalmente a mujeres cuidadoras.

El embargo de Afores, cuando es última opción, representa una herramienta legal con enfoque de derechos, y una oportunidad para garantizar justicia social en uno de los frentes más invisibilizados: el incumplimiento de obligaciones parentales.

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