¿Sabías que en México, más del 30 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia obstétrica? A pesar de los avances en salud pública, muchas mujeres aún enfrentan prácticas que vulneran sus derechos durante uno de los momentos más significativos de sus vidas. El parto seguro no debe ser un privilegio, sino un derecho universal.

Un parto seguro no solo se refiere a la ausencia de complicaciones médicas, sino también a un entorno donde la mujer es tratada con respeto, se le brinda información clara y se respetan sus decisiones. Un parto seguro, digno y  sin violencia es aquel que garantiza la autonomía de la mujer, evita la medicalización innecesaria y promueve un ambiente de confianza y apoyo.

La violencia obstétrica en cifras

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 31.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021 vivieron violencia obstétrica. Esta forma de violencia incluye prácticas como procedimientos sin consentimiento, trato deshumanizado y negación de atención oportuna .

El Estado mexicano ha implementado diversas medidas para abordar esta problemática:

• Normativas y leyes: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional, obligando a las autoridades a prevenirla, atenderla y sancionarla.
• Programas de atención materna: Instituciones como la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el IMSS-Bienestar ofrecen atención materna gratuita, promoviendo partos libres y acompañados, con técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor.
• Capacitación del personal de salud: Se han desarrollado programas de formación para sensibilizar al personal médico sobre la importancia de respetar los derechos de las mujeres durante el parto.

Retos y desafíos pendientes por un parto seguro

A pesar de estos avances, persisten desafíos:

• Falta de información: Muchas mujeres desconocen sus derechos durante el parto, lo que dificulta la identificación y denuncia de situaciones de violencia obstétrica.
• Desigualdades regionales: Las prácticas y calidad de atención varían significativamente entre regiones, afectando especialmente a mujeres en zonas rurales e indígenas.
• Necesidad de monitoreo y evaluación: Es fundamental establecer mecanismos de seguimiento para evaluar la efectividad de las políticas implementadas y realizar ajustes cuando sea necesario.

Garantizar un parto seguro, digno y libre de violencia es una responsabilidad del Estado y un derecho de todas las mujeres. Es esencial continuar fortaleciendo las políticas públicas, capacitando al personal de salud y empoderando a las mujeres con información sobre sus derechos. Solo así se podrá construir un sistema de salud que respete y valore la experiencia del parto como un evento trascendental en la vida de las mujeres.

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