¿Qué está pasando en Australia con el movimiento MeToo? ¿Por qué Brittany Higgins vuelve al centro del debate público? Estas preguntas no son nuevas, pero hoy cobran una urgencia renovada. En un contexto donde la violencia sexual y la misoginia digital siguen creciendo, la voz de Brittany no solo resuena: sacude estructuras y exige cambios concretos.
En un discurso pronunciado el cinco de junio en Geelong, Brittany Higgins alertó sobre una reacción organizada y sostenida contra el movimiento #MeToo. Señaló que esta embestida no es accidental, sino financiada y respaldada por instituciones que, irónicamente, deberían proteger a las víctimas. Este retroceso cultural, según sus palabras, podría desincentivar nuevas denuncias y perpetuar el silencio.
En este contexto, Brittany hizo un llamado urgente al gobierno federal liderado por Anthony Albanese y a la Fiscal General Michelle Rowland: es hora de implementar sin demoras las sesenta y cuatro recomendaciones elaboradas por la Comisión Australiana de Reforma Legal (ALRC). Estas incluyen reformas clave como nuevas leyes de consentimiento afirmativo, capacitación especializada para fuerzas policiales y ajustes profundos al sistema de justicia penal.
Brittany Higgins y la crítica a un sistema judicial “brutalizante”
Para Higgins, el sistema judicial actual no solo es insuficiente, sino abiertamente hostil hacia las sobrevivientes. Denunció que el proceso legal se enfoca más en la vida privada de las víctimas que en los hechos cometidos por los agresores. En sus palabras, se exige “perfección” a quienes denuncian, mientras se permite el “silencio” de quienes deberían rendir cuentas. Además, criticó que los fondos presupuestados por el gobierno —21,4 millones de dólares— no garantizan cambios estructurales reales si no van acompañados de voluntad política.
Otra de sus advertencias clave apuntó al rol de plataformas como TikTok, donde algoritmos están impulsando una “cultura de violación digital”. Los contenidos misóginos, dijo, están moldeando a nuevas generaciones en la indiferencia hacia la violencia sexual. Para Brittany, esto representa un riesgo urgente que exige intervención regulatoria inmediata.
Las reformas que el Estado aún no concreta
En su intervención, Higgins también cuestionó duramente al gobierno de Queensland por haber postergado indefinidamente la implementación de la norma de “deber positivo” contra el acoso sexual en el ámbito laboral. Prevista para julio de 2025, esta medida ahora parece haber quedado a merced de decisiones partidistas.
No bastan los discursos: se necesitan transformaciones. Brittany Higgins ha dejado claro que la protección de las mujeres no puede ser un tema negociable ni de oportunidad política. Se necesitan transformaciones estructurales, no promesas. Su llamado interpela al Estado, pero también a toda la sociedad: sin justicia efectiva, sin leyes que respondan a la realidad, sin entornos digitales seguros, el retroceso es inevitable. ¿Escuchará el gobierno antes de que sea demasiado tarde?
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