El pasado martes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con la que se busca garantizar que los cuidados salgan de la esfera privada y se reconozca la labor de las personas cuidadoras.

Esto representa un avance en materia de cuidados, pero también es necesario que el Estado garantice la aplicación de la ley mediante presupuesto y voluntad política para llevar a cabo cada una de las políticas públicas necesarias.

¿Qué abarca la Ley de Cuidados?

Entre los puntos que se destacan de la Ley del Sistema de Cuidados está reconocer la Corresponsabilidad, es decir, pretende que se redistribuya el trabajo que sostiene los cuidados, que históricamente ha recaído en las mujeres de manera desproporcionada.

También establece que el gobierno deberá crear, así como ampliar, los servicios públicos como los centros de cuidado infantil, la atención a personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de calle.

Además brinda protección a personas cuidadoras al garantizar capacitación y derechos para las personas que cuidan sin recibir ningún pago. En la ley también se exige que el presupuesto destinado a su cumplimiento aumente año con año, entre otras cosas.

“La iniciativa también propone visibilizar los trabajos de cuidado al reconocer su aportación a la economía de la ciudad; establecer, progresivamente, mecanismos para lograr una retribución justa, tanto de los trabajos remunerados como de los no remunerados, así como desmercantilizar, desfeminizar y desfamiliarizar, progresivamente, el trabajo de cuidados”, explica Animal Político.

Una larga lucha por la Ley del Sistema de Cuidados

El asunto es que esta ley se encontraba congeladas desde diciembre de 2023, por los que diversos activistas, madres y padres de familia tuvieron que pedir un amparo al Poder Judicial para exigir que la ley se aprobara.

“El juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a Silvana Carranza Navarro por la omisión legislativa en este tema, y le pidió al Congreso local cumplir con esta obligación, a más tardar, en el primer periodo ordinario de 2026, es decir, antes del 31 de mayo”, informó El Universal.