El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará un evento inédito: por primera vez, más de 800 cargos del Poder Judicial Federal serán elegidos por voto popular. La reforma que lo hace posible promete democratizar la justicia e incorporar la paridad de género como principio constitucional. Pero ¿realmente está funcionando esta transformación con sus propios ideales?

La reforma judicial de 2024 estableció la paridad en las elecciones como un criterio ineludible. Esto significa que, tanto en las listas de candidaturas como en la asignación de cargos, debe haber equilibrio entre mujeres y hombres. Incluso, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la distribución debe comenzar por mujeres para garantizar su presencia.

Este esfuerzo representa un avance simbólico y normativo. Nunca antes se había exigido una representación tan explícita de mujeres en el Poder Judicial, históricamente dominado por hombres.

Las cifras detrás del discurso de paridad

Sin embargo, los datos muestran un escenario mixto. De acuerdo con el INE, se registraron 1,965 hombres y solo 1,449 mujeres como aspirantes. La diferencia expone una brecha estructural: aún existen barreras para que las mujeres accedan a este tipo de cargos, incluso con reglas paritarias.

Además, en estados como Durango, la presencia de candidaturas únicas y listas cerradas limita la capacidad de decisión de la ciudadanía, debilitando el principio democrático y afectando la representatividad efectiva de las mujeres. Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral, ha manifestado reservas sobre la efectividad del voto popular como vía para reformar la justicia. Aunque reconoce la intención democratizadora, cuestiona si este modelo garantiza la calidad e independencia necesarias en el Poder Judicial. Sus críticas también apuntan a fallas legislativas y de implementación que podrían poner en riesgo los avances logrados en materia de género.

¿Un primer paso o una falsa salida?

A pesar de las tensiones, esta elección judicial es un paso importante hacia la equidad de género en el sistema judicial. La existencia de reglas paritarias es un triunfo, pero la equidad real no se logra sólo con leyes: requiere voluntad política, apoyo institucional y transformación cultural. En este sentido, la paridad de género no debe quedarse en los discursos. Su cumplimiento debe vigilarse más allá de los números, observando si las mujeres que lleguen a cargos judiciales tendrán voz, poder de decisión y respaldo para ejercer su función con autonomía.

Las elecciones judiciales de 2025 representan una oportunidad única para replantear el acceso de las mujeres a la justicia desde dentro del sistema. La paridad en las elecciones es un punto de partida, no la meta final. La observación crítica desde una perspectiva de género será clave para que esta reforma no se quede en el papel.

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